Domingo
26 de
Marzo de
1978
La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados en una operación inmobiliaria bajo sospecha.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza con una nueva instancia clave: la declaración de dos mujeres señaladas como aportantes del dinero utilizado para la compra de uno de sus inmuebles.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, madre e hija, quienes fueron citadas a prestar testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Según consta en el expediente, ambas figuran como acreedoras de un préstamo privado por un total de 100.000 dólares, dividido en dos partes: una de 85.000 y otra de 15.000.
Ese dinero habría sido destinado a la adquisición de un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito, una operación que quedó bajo la lupa por las circunstancias en que se concretó.
Uno de los puntos que generó sospechas es la coincidencia temporal con otra compra inmobiliaria dentro del entorno familiar del funcionario.
El mismo día en que se realizó la operación en Caballito, la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, lo que alimentó las dudas sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
La causa continuará en los próximos días con nuevos testimonios. Está previsto que otras dos mujeres, jubiladas, también declaren en relación con la operación, ya que habrían vendido el inmueble mediante un esquema que incluyó adelantos y una hipoteca sin intereses.
En paralelo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires se refirió a los controles sobre este tipo de operaciones y explicó que todas las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera.
“Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”.
Además, remarcaron que el procedimiento es automático y se realiza de manera periódica, independientemente del monto de la operación.
Con estas declaraciones y nuevas pruebas en análisis, la causa avanza en una etapa decisiva que podría arrojar definiciones importantes sobre la situación judicial del funcionario.
