Domingo
26 de
Marzo de
1978
El Ejecutivo puso en marcha un esquema que busca fomentar inversiones y generar empleo en pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un programa que apunta a fomentar la llegada de capitales y generar empleo en el sector de las pequeñas y medianas empresas.
La medida quedó oficializada a través del decreto 242 y establece un esquema de beneficios fiscales para inversiones que van desde los US$150.000 hasta los US$30 millones.
El objetivo principal del RIMI es impulsar inversiones productivas que mejoren la competitividad, fortalezcan las cadenas de valor y aumenten las exportaciones.
El programa está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como también a entidades sin fines de lucro registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El monto mínimo de inversión dependerá del tamaño de la empresa:
Microempresas: desde US$150.000
Pequeñas empresas: desde US$600.000
Medianas tramo 1: desde US$3,5 millones
Medianas tramo 2: desde US$9 millones, con un tope de US$30 millones
Las compañías tendrán hasta dos años para concretar las inversiones y acceder a los beneficios del régimen.
Uno de los principales incentivos es la posibilidad de aplicar una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, lo que mejora el flujo de caja de las empresas.
Además, el programa contempla la devolución de IVA bajo un esquema con cupos anuales.
“La amortización acelerada es un incentivo de alto impacto para mejorar el flujo de caja y la solvencia financiera de las empresas”.
El RIMI apunta a proyectos productivos concretos. Incluye inversiones en maquinaria, tecnología, infraestructura, sistemas de riego y equipamiento para eficiencia energética.
También se contemplan bienes vinculados a la producción, como animales de genética superior para actividades agropecuarias.
Quedan excluidas las inversiones financieras y aquellas que no estén destinadas a la producción de bienes o servicios.
Para ingresar al régimen, las empresas deberán acreditar su condición de pyme y no tener deudas fiscales pendientes.
Además, los beneficios solo se aplicarán una vez que la inversión esté en marcha y se haya alcanzado el monto mínimo requerido.
Aunque el régimen ya fue reglamentado, aún restan definiciones clave para su aplicación completa.
El decreto establece que distintos organismos deberán dictar normas complementarias en los próximos días, lo que será determinante para que las empresas puedan comenzar a adherirse formalmente.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que esta herramienta permita reactivar inversiones y fortalecer el entramado productivo de las pymes en el país.
